Introducción

La creación de una nueva ley que proteja a las personas menores de edad frente a la violencia obedece principalmente a 3 razones:

Porque el conjunto de normas de nuestro ordenamiento no estaba enfocando el problema de la mejor manera posible. Al contrario de lo que se pretende con la nueva LOPIVI, antes solamente se actuaba después -y no antes- de que se diese la situación de violencia. No había acciones destinadas a prevenir, sino simplemente a arreglar el daño una vez que se había causado.
Porque la realidad demostraba que no se estaba haciendo lo suficiente. En el año 2020 se presentaron cerca de 36.000 denuncias que manifestaban el sometimiento de niños, niñas y a adolescentes a climas violentos (Observatorio de la Infancia, 2021).
Para cumplir con las recomendaciones y compromisos a nivel mundial. El Comité de los Derechos del Niño venía recomendando a España desde el año 2010 la construcción de un nuevo marco normativo para abordar la problemática de la violencia en la infancia. Además, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16 contempla como meta segunda poner fin a cualquier tipo de maltrato contra las personas menores de edad.

Personas menores de edad que estén en España, sin importar la nacionalidad o la forma en la que hayan entrado y residan en el país.
Personas menores de edad de nacionalidad española que se encuentren en un país extranjero.

Esto es, quién tiene la obligación de cumplir lo que esta ley establece.

Personas físicas, es decir, individuos que estén en España.
Personas jurídicas, es decir, entidades creadas por uno o varios individuos que se encuentren en España.